Jorge Chamizo. Madrid.
El Gobierno ha despejado por fin las incertidumbres que pesaban sobre el futuro de Renfe. El Ministerio de Economía y el de Fomento pactaron el pasado jueves la elaboración de un minicontrato-programa entre el Estado y la compañía ferroviaria de dos años de duración, 1999-2000, frente a las cuatro anualidades previstas inicialmente. En ese bienio el Gobierno, Renfe y los sindicatos negociarán el modelo de liberalización del ferrocarril, que supone el traspaso de la infraestructura a un gestor público. El nuevo contrato desbloquea inversiones de 200.000 millones.
A la vuelta del verano, Renfe entrará en una nueva etapa en sus cerca ya de 60 años de historia. En septiembre, si no hay retraso de última hora, entrará en vigor, con nueve meses de demora, el nuevo contrato-programa entre la compañía y el Estado.
El documento, que define los servicios que tiene que prestar la empresa, los fondos públicos que recibe para ello y los nuevos proyectos que puede acometer, tendrá finalmente una duración corta, dos años (1999-2000), según el acuerdo que alcanzaron el pasado jueves el secretario de Estado de Infraestructuras, Albert Vilalta, y el secretario de Estado de Presupuestos, José Folgado. En ese periodo, una comisión integrada por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Fomento, Renfe, el ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias y los sindicatos UGT y CCOO, intentará negociar el diseño del nuevo modelo de ferrocarril liberalizado y el modo de ejecutar el traspaso de toda la infraestructura ferroviaria (vías, señalización, estaciones y personal) a un único gestor público de ella, que previsiblemente será el GIF.
Una vez definido qué es lo que se traspasa y cómo se traspasa, se elaborará un nuevo contrato-programa entre el Estado y Renfe, posiblemente de cuatro años de duración, pero donde la empresa pública dejará de tener a su cargo el mantenimiento de la infraestructura y de recibir fondos para ello. Será un operador, todavía con varios negocios en reestructuración, en un mercado de libre concurrencia en el que los operadores pagarán al gestor de la infraestructura un canon por usarla. La luz verde al contrato-programa 1999-2000 desbloquea inversiones de Renfe por 200.000 millones de pesetas, a falta de la periodificación definitiva de las inversiones incluidas en el contrato-programa de cuatro años previsto inicialmente. La compra de los AVE para la línea Madrid-Barcelona no se incluye en este contrato. Las ayudas estatales a la empresa se cifran en 450.000 millones.
Otra empresa con prejubilaciones en proyecto
Renfe es otra de las grandes empresas del país que tienen previsto continuar con sus planes de prejubilación de empleados. El nuevo contrato-programa prevé un expediente de regulación de empleo para reducir la plantilla, que en 1998 superaba las 35.000 personas. El documento, salvo cambios de última hora, estima que 1999 se cerrará con 34.940 empleados y el 2000 con 34.402. Renfe recibirá del Estado 12.000 millones de pesetas en el año 2000, y previsiblemente en varias anualidades posteriores, para sufragar este expediente y los flecos del anterior, desarrollado entre 1994 y 1998. Al mismo tiempo, por primera vez se establece la incorporación de personal para rejuvenecer la plantilla, en la proporción de una persona nueva por cada cuatro bajas.
En marcha los 480 kilómetros de AVE entre Madrid y Lérida
Ya están adjudicadas todas las obras de la infraestructura del nuevo AVE entre Madrid y Lérida, que debe entrar en servicio en el año 2002 y cuya llegada a Barcelona se prevé en el 2004. El GIF, el ente público encargado de construir esta línea, adjudicó el pasado viernes los cuatro tramos que faltaban para completar los 480 kilómetros que separan Madrid de la capital ilerdense.
El importe total de las adjudicaciones asciende a 37.042 millones de pesetas. En concreto, el GIF adjudicó el subtramo de salida de Madrid y conexión con la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla a la empresa ACS por un importe de 12.142 millones de pesetas y un plazo de ejecución de 20 meses. Este subtramo discurre íntegramente por el municipio de Madrid y tiene una longitud total de 14 kilómetros.
El llamado subtramo IIa lo ejecutará la unión temporal de empresas (UTE) formada por Ferrovial Agromán y Corposa por un importe total de 13.059 millones de pesetas y un plazo de ejecución de 20 meses. Este trayecto, cuya longitud es de 15,3 kilómetros, transcurre entre los términos municipales de Zaragoza y Piña de Ebro (Zaragoza).
Además se adjudicó el subtramo IIb del tramo Zaragoza-Lérida, que incluye un gran viaducto para cruzar el río Ebro, a la empresa Vías y Construcciones, con un presupuesto de 6.672 millones, un plazo de ejecución de 20 meses y una longitud de 4,3 kilómetros. Por último, el GIF adjudicó los accesos a Lérida a la UTE compuesta por Rubausa y Copasa por un importe de 5.169 millones de pesetas y un plazo de ejecución de 15 meses. Del trayecto total entre Madrid y Lérida se han iniciado ya las obras en 350 kilómetros, lo que supone un 75% del total. El resto, 119 kilómetros, se iniciará próximamente. Por su parte, la construcción de la segunda parte del trayecto, Lérida-Barcelona-frontera del nuevo AVE, comenzará a finales de este año, cuando saldrá a concurso el primer tramo entre Lérida y Tarragona, cuyo proyecto constructivo está ya en ejecución.
