ASAFAL

En 1941 se creaba la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles para aglutinar en una sola empresa estatal a las antiguas compañías ferroviarias privadas que habían construido y explotado el ferrocarril en España desde sus orígenes a mediados del siglo XIX. La Guerra Civil dio la puntilla definitiva a las ya maltrechas compañías y, ante la imposibilidad de reanudar los servicios, el Estado optó por nacionalizar el ferrocarril de ancho ibérico y comenzar su reconstrucción, imprescindible para la economía del país.
Más de 60 años después, el 1 de enero de 2005, se invierte el proceso, aunque no se trata de una privatización, sino de un proceso liberalizador del sistema ferroviario para dar cumplimiento a las directivas de la Unión Europea que propugnan la separación entre la prestación de los servicios de transporte y la gestión de la infraestructura ferroviaria. La directiva 2001/12/CE dice: “Se garantiza el derecho de acceso a las infraestructuras  ferroviarias (equitativo y no discriminatorio) a toda empresa ferroviaria titular de una licencia que reúna las condiciones de seguridad y solicite el acceso, independientemente de su modo de funcionamiento”. Así pues, esta normativa ha obligado al Estado a crear dos empresas públicas e independientes: ADIF, heredera directa de la vieja RENFE, que asumirá las funciones de construcción de nuevas infraestructuras de alta velocidad, red convencional y mantenimiento de las mismas, así como la gestión de la circulación, el patrimonio de las estaciones de viajeros y terminales de mercancías, telecomunicaciones y seguridad en la circulación; RENFE-Operadora, nueva entidad que se crea para explotar comercialmente los servicios de viajeros y mercancías, conservando el nombre de RENFE como marca comercial. Así pues, este nuevo marco rompe el monopolio establecido en el ferrocarril y permitirá que en un futuro inmediato podamos ver circular trenes de mercancías y, más tarde, de viajeros distintos de los de RENFE, siempre que esas nuevas compañías cumplan los requisitos de la Ley del Sector Ferroviario.¨